Ciudadanía por inversión: canal para ingresar divisas a Argentina
El nuevo régimen de ciudadanía por inversión en Argentina abre una vía directa para atraer capitales extranjeros sin exigencias de residencia previa. En un contexto de escasez de dólares, esta medida busca captar divisas, dinamizar la economía y posicionar al país como destino estratégico para grandes inversores.
El Decreto 524/2025, recientemente publicado en el Boletín Oficial, establece un nuevo régimen de acceso a la ciudadanía argentina para extranjeros que realicen inversiones consideradas relevantes por el Ministerio de Economía. Esta medida, impulsada por el gobierno de Javier Milei, modifica la histórica Ley de Ciudadanía N.º 346 y se inscribe dentro de una reforma migratoria más amplia.
Desde una perspectiva institucional, el decreto crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, encargada de evaluar las solicitudes y coordinar con organismos como la SIDE, RENAPER, UIF y Migraciones, que deberán determinar si el otorgamiento de la ciudadanía representa un riesgo para la seguridad nacional o los intereses del Estado. El proceso contempla un plazo de 30 días hábiles para que la Dirección Nacional de Migraciones emita una resolución fundada.
Más allá de su formulación técnica, esta iniciativa debe ser comprendida en el contexto de la necesidad de ingreso de dólares al país para poder mantener el actual esquema de bandas cambiarias. Una de las primeras medidas que lanzó el gobierno para remonetizar la economía, hace tan solo unas pocas semanas, fue una acción de marketing económico bajo el slogan de los "dólares del colchón”, con el objetivo de que ingresen dólares fuera del sistema hacia el circuito formal.
En este sentido, este nuevo canal llamado "la ciudadanía por inversión" aparece como una herramienta complementaria para atraer divisas sin recurrir a endeudamiento externo.
En este marco, el decreto puede interpretarse como una estrategia para captar capitales privados que, además de aportar recursos, podrían contribuir a estabilizar el mercado cambiario.
Si bien el texto oficial del decreto destaca la intención de “fomentar inversiones y generar empleo”, la mirada crítica sugiere que esta política responde más a una necesidad coyuntural que a una planificación estructural. La flexibilización de requisitos migratorios para grandes inversores podría generar tensiones en términos de equidad y transparencia, especialmente si no se establecen mecanismos claros de control sobre el origen de los fondos.
En definitiva, la ciudadanía por inversión representa una apuesta audaz en un contexto de fragilidad financiera. Su éxito dependerá no solo de la capacidad de atraer capitales, sino también de garantizar que estos contribuyan efectivamente al desarrollo económico y no se limiten a satisfacer una urgencia cambiaria.
